Hoy quiero destacar una medida de carácter judicial que abre la puerta para la protección y la justiciabilidad de los derechos colectivos. La semana pasada la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió por unanimidad negar el amparo que Monsanto–Bayer y otras tres trasnacionales solicitaban para sembrar de manera extensiva maíz transgénico en nuestro país. Podríamos decir que buscaban inundar el campo mexicano con maíz genéticamente modificado en cientos de miles de hectáreas. Promovieron sus amparos contra una medida precautoria que dictó un tribunal federal dentro de un juicio de acción colectiva que promovió a su vez un colectivo de 53 científicos, campesinos, activistas y 20 organizaciones.